El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó
una reforma judicial que desestabilizará el Estado de Derecho en México. Cabe mencionar que la reforma al Estado de Derecho es un pendiente que tiene México desde hace varios años. El
Índice de Competitividad Internacional del IMCO de 2022, ubica al país en la posición 41 de 43, siendo uno de los principales problemas la independencia judicial. No obstante, la propuesta recientemente aprobada está muy lejos de atacar este problema, pilar fundamental de la competitividad de un país.
EL RIESGO DE POLITIZACIÓN Y SU IMPACTO ECONÓMICO
La reforma aprobada contempla la elección popular de ministros, magistrados y jueces, así como la reducción de su mandato y la creación de un tribunal de disciplina judicial, entre otros.
Elegir jueces puede sonar democrático, pero genera riesgos serios. En un sistema donde los jueces deben ser imparciales y actuar como un contrapeso a los otros poderes del Estado, someter su elección a la voluntad popular podría politizar sus decisiones, ya que los jueces, en lugar de basar sus fallos en la ley y los hechos, podrían verse tentados a satisfacer los intereses de ciertos grupos políticos o económicos para asegurar su reelección.
Asimismo, el proceso de elección será bastante complejo y su costo no ha sido evaluado. Solo en el Poder Judicial de la Federación habría 1,653 cargos a elección. Esto significa 9,918 candidatos (6 por cada cargo) a cargos de magistrados y jueces de los 32 circuitos federales. A esto hay que añadir las elecciones por cada estado del país.
UN RIESGO PARA LA COMPETITIVIDAD
La estabilidad jurídica es un factor clave para atraer y mantener inversiones, tanto domésticas como extranjeras. Los empresarios consideran la certeza jurídica como un pilar fundamental para tomar decisiones de inversión. Necesitan garantías de que sus derechos serán protegidos por un sistema judicial imparcial y predecible. Sin embargo, la reforma introduce un nivel de incertidumbre que eleva los costos de transacción para todos. Estos
costos adicionales, además de influir en las decisiones de inversión, también inciden en la competitividad de las empresas, frenando la actividad económica y, lo que es peor, afectando directamente a los consumidores y familias.
Internamente, serán los emprendedores del país, así como los pequeños y medianos empresarios, los que resientan el impacto de esta reforma. Si de por sí enfrentan barreras significativas, el aumento de la incertidumbre jurídica complica aún más su capacidad de operar y crecer, poniendo en riesgo los empleos que generan.
Una justicia lenta e ineficiente complica la facilidad para hacer negocios, ya que prolonga los tiempos para la apertura de empresas, la resolución de conflictos comerciales y la protección de la propiedad intelectual, entre otros temas.
UN RIESGO PARA EL TMEC
A nivel global, no hay que olvidar que México está inmerso en el mundo y depende de la inversión extranjera a través de sus distintos acuerdos comerciales. Nuestros principales socios comerciales,
Estados Unidos y Canadá, han levantado la voz y advertido el riesgo que implica esta reforma para la democracia. Estos dos países forman, junto con México, el TMEC, que se construyó sobre la idea de que los tres países gozan de certeza jurídica.
Al debilitar la independencia del Poder Judicial, México podría violar los acuerdos del tratado y provocar tensiones. Hay que tener en cuenta que en 2026 se activa la llamada “cláusula de revisión conjunta” (cláusula 34.7) que está diseñada para que los tres países miembros evalúen el desempeño y la efectividad del tratado con miras a extenderlo o renegociarlo cuando llegue el momento. En un contexto de alta incertidumbre por la elección americana, este es un factor más de inestabilidad.
