A pesar de que había conciencia por parte de algunos funcionarios de que eran necesarias medidas tributarias para apoyar un mayor gasto en programas sociales y proyectos de infraestructura, los secretarios de Hacienda Urzúa y luego Herrera optaron por no enfrentar al Presidente y no proponer una necesaria reforma fiscal. Prefirieron escudarse en el argumento presidencial falaz de una política fiscal “moderada y conservadora”. La realidad es que las finanzas públicas son endebles y, ante la incapacidad de generar recursos, podrían desembocar en una crisis.
Debe tomarse en cuenta que una reforma fiscal integral tiene que considerar tanto el aspecto de generar ingresos como el de instrumentar un gasto público eficiente, productivo y no dispendioso. Es decir, tanto una reforma tributaria como una reforma del gasto. Ciertamente las dos no pueden desligarse una de la otra, pues al proponer mayor recaudación por la vía tributaria, debe proponerse la manera racional y eficiente de gastar esos recursos obtenidos. De otra forma, la ciudadanía, con justa razón, reclamaría el mayor pago de impuestos ante un despilfarro o un mal ejercicio del gasto público. En este artículo sólo hablaremos de la reforma tributaria, teniendo desde luego en cuenta que una propuesta de reforma al gasto deberá acompañar a cualquier plan tributario. Es imperativo pensar que en 2025 deberá proponerse una reforma tributaria. Los componentes siguen siendo los mismos que se han venido esquivando desde años:
1. Homologación del IVA eliminando la tasa cero y racionalizando las exenciones a algunos bienes básicos.
2. Eliminar las exclusiones del ISR y ampliar el rango más elevado de dicho impuesto.
3. Un aumento gradual por varios años en el impuesto por tonelada de emisión de CO2.
4. Restituir con esos mayores ingresos los fondos de estabilización vacíos como el FEIP.
5. Una reforma al impuesto predial que requiere una actualización generalizada del catastro; dicha reforma tendría muchas virtudes como reducir las transferencias de la federación a los estados y eventualmente eliminarlas. Ello fomentaría la responsabilidad fiscal de los gobiernos locales, eliminaría el centralismo y podría otorgarles mayores recursos a las policías estatales para combatir las actividades del crimen organizado como derecho de piso y extorsión.
Luis de la Calle, un destacado economista, tiene una propuesta bien estructurada para reformar el
impuesto predial que entre otros puntos considera que a través de este gravamen el gobierno puede dar a los municipios más marginados mayores beneficios en infraestructura. Cabe mencionar que el Índice de Marginalidad supone que las localidades tienen grados de marginalidad muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. La propuesta de transferencia desde el PEF consiste, entonces, en premiar la recaudación de forma más que proporcional con el nivel de marginación.
En esencia, los componentes anteriores para una reforma tributaria fueron incluidos en las recientes recomendaciones del FMI a las autoridades del país en su reporte bajo la Consulta del Artículo IV. A esas sugerencias, la SHCP respondió que en principio apoyan que un gasto público productivo financiado por una reforma tributaria podría contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, señalaron que esas medidas requieren tiempo para implementarse. ¡Claro! Pero entonces, ¿por qué no lo hicieron durante los primeros dos años del sexenio? Hacienda insiste en que se sienten confiados con las medidas administrativas aplicadas para combatir la evasión y el fraude fiscal. Citando al presidente, “la lucha contra la corrupción es la mejor política fiscal”. ¡No! menor corrupción no genera fuentes estables y recurrentes de ingresos como sí lo hace un impuesto.
Este gobierno le heredará a la próxima administración un problema fiscal. Por ello debe trabajarse ya en una propuesta tributaria para 2025 por parte de instituciones académicas y privadas. Asimismo, como se mencionó, la propuesta tributaria debe acompañarse de un plan de gasto socialmente eficiente y racional. No debemos olvidar nuestra realidad: el gobierno recauda poco, tan solo el 16.1% del PIB mientras que el promedio de la OCDE es de 34.2% (datos de 2017) y el de América Latina y el Caribe de 22.8%.
