El sistema de beneficio definido administrado por el Gobierno Federal hasta mediados de los 90, se caracterizaba por un creciente déficit actuarial que, de acuerdo con estudios de la OCDE, llegó a representar hasta 128.8% del PIB, incluyendo a trabajadores del IMSS (RJP) y empresas del gobierno (CFE, PEMEX, etc.).

Tan solo tratándose de los sistemas de pensiones del IMSS e ISSSTE el déficit actuarial representaba el 107 % del PIB, y aun cuando estaban lejos de brindar una pensión al 100% del salario, se requería incrementar cuotas del 8.8% (promedio) al 23.3% en el caso de las aportaciones al sistema de pensiones del IMSS, lo que resultaba inviable financieramente, más aún si se pretenden pensiones del 100% del salario.

Hay que recordar que como resultado de la reforma al sistema de pensiones de 2020, que fue impulsada por el propio Gobierno Federal, se logró incrementar la cobertura y suficiencia de las pensiones.

De acuerdo con la CONSAR, con la reforma 2020, se podrán alcanzar tasas de reemplazo alrededor del 70% (cercana a los estándares internacionales), todo ello sin incrementar la aportación del Gobierno Federal. Si bien se han tenido logros notables, se requieren mejoras importantes, pero éstas deben realizarse con los estudios técnicos adecuados, los consensos necesarios, pero sobre todo sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera.