Para los especialistas en el tema José López Alonso, Andrew H. Kaufman, Patricio Martínez-Llompart y Paul Craine (ver su cargo al final del artículo) la designación bajo derecho estadounidense activa el procesamiento a entidades que brinden apoyo material a Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) que, si bien se fundamenta en una ley extranjera, lo cierto es que, por ejemplo, por medio del sistema financiero mexicano puede generar impactos graves a empresas mexicanas, o incluso directamente si la empresa mexicana tiene vínculos comerciales con alguna compañía en Estados Unidos, puede recibir sanciones directas severas.
Las empresas mexicanas que operan en sectores estratégicos como transporte, logística, minería y agroindustria podrían estar en riesgo si tienen conexiones, incluso indirectas y no detectadas por dicha empresa, con grupos delictivos. Ejemplos de esas conexiones incluyen, pero no excluyen, pagos de derecho de piso (extorsiones), uso de servicios de proveedores donde haya socios que sean reconocidos en alguno de los organismos declarados como terroristas, o tener transacciones con entidades ya sancionadas.
Estados Unidos tiene amplia discrecionalidad para sancionar empresas extranjeras con activos en su territorio o con transacciones que pasen por el sistema financiero estadounidense, debido a que su influencia en el contexto financiero global es muy alta, ya que la mayoría de los bancos en México tienen vínculo con sus pares estadounidenses, lo que en automático los sujeta a cumplir sus determinaciones o sufrir las sanciones.
Tomando en cuenta lo anterior, el impacto económico en México podría ser devastador, pues pueden aplicarse altas multas, ejercerse confiscación de activos financieros, incluso la exclusión de la empresa sujeta a los actos de autoridad estadounidense de los mercados financieros, dejandola sin acceso a cuentas bancarias o transacciones financieras de dicha índole.
MECANISMOS DE PREVENCIÓN PARA LAS EMPRESAS MEXICANAS
En aras de reconocer los riesgos y en su caso plantear cómo mitigarlos,
los expertos Alondra De la Garza, Edgar Zambrano y Marco Antonio (ver su cargo al final del artículo) consideran que las empresas en México deben fortalecer sus programas de compliance y análisis de riesgos.
Esto incluye:
1. Debida diligencia reforzada para clientes, proveedores, subordinados y socios comerciales, asegurando que no tengan nexos con grupos criminales o, al menos, demostrando claros esfuerzos de que ello se intentó.
2. Cláusulas contractuales que permitan auditorías a terceros y rescisión de contratos, en caso de detección de riesgos o incluso ante negativa del ejercicio de la auditoría.
3. Monitoreo continuo de operaciones y uso de listas de sanciones internacionales (OFAC, Interpol, etc.). Estas listas se actualizan constantemente, por lo que igual que con las del Código Fiscal de la Federación con el SAT, hoy las empresas mexicanas tienen trabajo extra administrativo de prevención.
4. Capacitación y cultura constante en materia de cumplimiento en todos los niveles de la empresa.
5. Uso de tecnología para análisis de riesgos, geolocalización de operaciones y rastreo de transacciones que pueden disminuir riesgos.
RIESGOS POR MAYOR ESCRUTINIO
Aunque el sector financiero mexicano ya cuenta con regulaciones antilavado de dinero, la orden ejecutiva de Donald Trump se insiste extraterritorial y exige controles más estrictos sobre el financiamiento al terrorismo, lo cual implica mayor escrutinio en transferencias internacionales y financiamiento de operaciones en sectores de riesgo que no están claras, solo se sabe que existen.
El posible endurecimiento de regulaciones bancarias en México, derivado de que los bancos reciban órdenes expresas de parte del sector financiero de Estados Unidos, podría afectar a empresas sin programas de compliance.
Los riesgos se extienden a los gobiernos en cualquier nivel. Aunque Estados Unidos no puede sancionar directamente a municipios o entidades federativas, sí puede procesar a funcionarios públicos que faciliten actividades del crimen organizado, lo que puede criminalizar indirectamente a gobiernos locales, afectando la estabilidad política y financiera de ciertas regiones, sobre todo en el manejo de su presupuesto, incluso en la consideración de calificación de deuda, lo que podría impactar en zonas más pobres y ampliar su problemática.
LA PREVENCIÓN ES CLAVE
En este contexto el compliance ya no es una opción, sino una necesidad urgente de cualquier tipo de empresa en México. La designación de los cárteles como FTOs por Estados Unidos, cambia las reglas del juego y exige medidas de prevención estrictas para evitar sanciones y garantizar la continuidad del negocio en un entorno de riesgo creciente.
Para mitigar riesgos se recomienda realizar un análisis de riesgo integral, evaluando la exposición; la actualización de programas de compliance con estándares internacionales (ISO 37301, ISO 31000); la implementación de auditorías periódicas para detectar vulnerabilidades; protocolos de respuesta ante extorsiones o presiones criminales y anular transacciones con entidades sancionadas, utilizando herramientas de listas.
Aunque el sector financiero mexicano ya cuenta con regulaciones antilavado de dinero, la orden ejecutiva de Donald Trump se insiste extraterritorial y exige controles más estrictos, por lo que el compliance ya no es una opción, sino una necesidad urgente de cualquier tipo de empresa en México.
