Sheinbaum recibe un país con gran confianza en sus instituciones políticas. El 58.1% y 53.6% de la población, por ejemplo, tiene confianza alta en la Guardia Nacional y el gobierno federal, respectivamente. Recibe un país con un mejor humor social. El 58% expresa que el país va en la ruta correcta (Ipsos), la confianza del consumidor ronda el 52% y México ocupa la segunda posición de la región y la 25 en el mundo en felicidad, según el World Happiness Report 2024.
Sin embargo, Sheinbaum recibe un país con instituciones políticas erosionadas y con una oposición debilitada. Actualmente, Morena controla 24 gubernaturas, el 73% de la Cámara de Diputados y el 67% del Senado. Además, cuenta con mayoría calificada en 18 congresos locales, lo que les permite hacer cambios a la Constitución sin necesidad de negociar con las otras fuerzas políticas.
En parte, esto explica la erosión de la democracia observada en los últimos años. Desde 2018, México ha caído en el índice de democracia de The Economist, y ha pasado de un régimen con democracia electoral a uno con rasgos autocráticos. Además, registra una pérdida en libertades de expresión y deliberación.
Los problemas de corrupción no se han resuelto. La calificación del país según Transparencia Internacional fue de 31 en 2023, en una escala de 1 a 100, similar a la que se registró con Peña Nieto y peor que con Fox o Calderón. Estamos en el lugar 126 de 180 países, y la nueva administración no ha presentado propuestas serias para atacar el problema desde sus causas.
Sheinbaum inicia con un gobierno con déficit presupuestario. Si bien desde 2008 este representó alrededor del 2.5% del PIB, en 2024 la cifra se duplicó y parece que no disminuirá en los próximos años. Esto se debe principalmente a la ampliación de programas sociales y a la agenda de infraestructura de la nueva presidenta.
El crecimiento económico de México registra el peor desempeño de las últimas seis administraciones. Claudia Sheinbaum hereda un país con un crecimiento sexenal promedio del 1%. Este es inferior al 2% de Peña, al 3.5% de Zedillo y al 4% de Salinas de Gortari.
A pesar de ello, Claudia recibe un país que tiene expectativas altas sobre su gobierno. El 1 de octubre, llegó a su toma de posesión como presidenta con el 67% de aprobación. Más de la mitad de la población piensa que la economía, justicia, democracia y seguridad pública tendrán una mejora y el 60% considera que ella hará un mejor trabajo que López Obrador.
Finalmente, aunque hay una disminución de homicidios dolosos y de robo, así como una percepción de mejora de la seguridad de las ciudades (pasó de 76 a 60%, según el Inegi), el problema de la inseguridad y la violencia siguen siendo enormes.
Las víctimas de violencia política incrementaron 197.3% en el proceso electoral de 2024 en comparación con las elecciones de 2021 y 132.7% frente a las de 2018. Aunque entre 2018 y 2020 el costo del delito se redujo de 285.6 a 245.7 mmdp, a partir de 2022 dicho fenómeno ha incrementado.
Finalmente, resalto dos riesgos que sin duda generan incertidumbre política.
El primero tiene que ver con la hegemonía política del oficialismo. Los votantes que se expresaron a favor de la continuidad el 2 de junio sumaron 54% de los votos legislativos y lo hicieron, mayormente, por el efecto de los programas sociales y de la narrativa incluyente y moralista de López Obrador.
Pero el 66% de la legitimidad legislativa que pide la Constitución para ser enmendada no existe. El 54% de los votos de la coalición oficialista se convirtieron en 73% de la Cámara de Diputados por tácticas de ingeniería electoral, que si bien están dentro de los márgenes de la ley, violan abiertamente el fin de la Constitución que es contar con una república representativa (art. 40) y que las reformas constitucionales emerjan de un proceso incluyente de negociación (límite de 300 legisladores establecido en el artículo 54).
El segundo tiene que ver con la reforma judicial, que podría generar muchos problemas para la administración de justicia en México. Los escasos requisitos de experiencia para las personas juzgadoras, la falta de financiamiento para sus campañas políticas y el hecho de que dos de los tres poderes que propondrán a las candidaturas formen parte del oficialismo, arrojan señales negativas para la independencia que requiere su labor.
Además, los retos de su implementación no son menores. ¿Quién dará seguimiento a las decenas de miles de candidaturas que buscan un cargo en la función judicial? ¿Qué criterios deberá de ponderar la ciudadanía para elegir a los jueces? ¿Experiencia? ¿Carisma? ¿Promesas de campaña que probablemente violen flagrantemente la Constitución?
