Con la reforma se pone en riesgo la llegada de nuevas inversiones extranjeras y la reinversión de utilidades. También pone en riesgo la relación comercial con Estados Unidos, principal socio comercial de México, pues el desmantelamiento de la estructura jurídica genera dudas de que el país pueda cumplir a cabalidad los compromisos establecidos en el TMEC.
La aprobación de la reforma al Poder Judicial también hace probable la aprobación de otras reformas pendientes, principalmente la de eliminación de organismos autónomos, donde destacan los reguladores de competencia económica necesarios en el marco del TMEC. Ante esto, el gobierno de Estados Unidos podría solicitar nuevas controversias en contra de México e imponer sanciones comerciales.
Cabe recordar que en los primeros años de una administración la economía mexicana se desacelera. Antes de la reforma al Poder Judicial se esperaba para 2025 crecimiento de 0.8%, menor al 1.3% esperado para este año y muy por debajo del 3.2% observado en 2023. Ahora, con la reforma ya aprobada se incrementa la probabilidad de que la economía mexicana caiga en recesión, en un escenario similar al observado en 2019, cuando el PIB de México se contrajo 0.4% tras la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
La diferencia entre 2019 y ahora es que no habría forma de lograr una recuperación económica sostenida, por lo que México podría caer en un largo estancamiento económico, con crecimientos anuales promedio en el PIB por debajo del 1%. Esto implicaría otro sexenio perdido en materia de crecimiento.
El impacto sobre la economía va a depender mucho de la cautela que haya entre los empresarios e inversionistas extranjeros sobre México y de qué tanto se frenen los proyectos de inversión locales, así como la contratación de personal. Este deterioro en la expectativa económica supondrá un reto para la administración de Claudia Sheinbaum, pero también dependerá de su administración tratar de propiciar confianza para que el golpe de la reforma no sea tan fuerte.
¿Qué puede hacer el gobierno? Mucho. Pueden abrir una oficina de promoción de México en el exterior, con funciones similares a las que tenía ProMéxico para tratar de conseguir inversiones frescas. Uno o dos anuncios grandes de inversión podrían promover que otras empresas se animen a llegar al país, a pesar del nuevo marco regulatorio. Por supuesto, esto tendría un costo para el gobierno en el corto plazo, pero propiciaría confianza e impulsaría el crecimiento económico.
También puede fomentar crecimiento a través del gasto público. Si bien la Secretaría de Hacienda tiene que recortar el déficit sustancialmente, pueden hacer recortes en gasto corriente e incrementar el gasto en infraestructura productiva y palpable, como recarpeteo de carreteras. Es decir, el gobierno puede (y tiene la obligación) de impulsar el crecimiento para subsanar un poco el crecimiento que se perderá por la cautela del sector privado.
Con la reforma ya aprobada se incrementa la probabilidad de que la economía mexicana caiga en recesión, en un escenario similar al observado en 2019, cuando el PIB de México se contrajo 0.4% tras la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
De no ser creíble el marco macroeconómico ni la estrategia para reducir el déficit, las agencias calificadoras podrían ajustar a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de México y en 2025 iniciar los recortes de la calificación.
Otro punto relevante es que la incertidumbre podría propiciar que el tipo de cambio sea más volátil, siendo otro factor que restaría crecimiento económico. Si bien un tipo de cambio alto favorece a los exportadores, la alta volatilidad no les permite hacer una buena planeación financiera, lo que frenaría más la inversión y la contratación de personal.
La debilidad económica hace más probable que la inflación siga desacelerándose, para cerrar el año en 4.6%, con lo que el Banco de México podría seguir con los recortes en la tasa de interés. Se esperan dos recortes adicionales de 25 puntos base cada uno para cerrar este año en 10.25%.
Sin embargo, podrían darse tres recortes a la tasa en el escenario de que se materialice una debilidad económica mayor a la prevista, a la par de una disminución de la inflación no subyacente. Esto también abonaría al riesgo de depreciación del peso hacia el cierre del año por el menor diferencial de tasa de interés con Estados Unidos y otras economías como Japón.
Finalmente, se ha elevado el riesgo de recortes en la calificación crediticia. El desmantelamiento institucional asociado a la reforma del Poder Judicial puede ocasionar ajustes a la baja en la escala institucional de México.
El 15 de noviembre será la presentación del Paquete Económico de 2024 donde será necesario que el siguiente gobierno dé claridad sobre la estrategia de recortes al gasto o incrementos en los ingresos que permitan disminuir el déficit presupuestario desde 5% del PIB en 2024.
De no ser creíble el marco macroeconómico ni la estrategia para reducir el déficit, las agencias calificadoras podrían ajustar a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de México y en 2025 iniciar los recortes de la calificación.
Actualmente Moody’s mantiene la deuda soberana de México en Baa2, dos escalones por encima de grado especulativo, mientras que Standard & Poor’s mantiene una calificación de BBB, también dos escalones por encima de grado especulativo. Por su parte, Fitch Ratings mantiene una calificación de BBB-, por lo que solo haría falta un recorte de un escalón para perder grado de inversión con esa calificadora.
En resumen, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial se ha deteriorado significativamente el panorama económico, con una amplia posibilidad de recesión seguida de un estancamiento económico, mayor volatilidad del tipo de cambio y la posibilidad de perder el grado de inversión.
