Estados Unidos (EE. UU.) dio un paso que redefine su relación con México y América Latina en materia de seguridad al designar a ocho grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por su sigla en inglés). Seis de estas organizaciones son mexicanas (cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noroeste, Cárteles Unidos y Nueva Familia Michoacana), una es venezolana (Tren de Aragua) y otra se originó en EE. UU. y actúa en Latinoamérica (Mara Salvatrucha).
Estas organizaciones están acusadas de representar una amenaza significativa para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE. UU., según un aviso que se publicará en el Registro Federal de ese país. Trump intentó imponer esta designación a los cárteles durante su primer mandato, pero al final fue disuadido por las autoridades mexicanas que se comprometieron a cooperar con EE. UU. para combatirlos.
Tan solo ya en la administración Trump 2.0, del 5 al 18 de febrero, en México la Operación Frontera Norte logró detener a 583 presuntos delincuentes y asegurar 453 kilogramos de cocaína, 16,073 de metanfetamina, 4 de heroína y 55 de fentanilo.
La medida anunciada por el Departamento de Estado prohíbe la entrada a EE. UU. a miembros y colaboradores de estas organizaciones y autoriza congelar sus activos y perseguir judicialmente a quienes les brinden asistencia, financiamiento o recursos. Pero más allá de esto, el mensaje es claro: EE. UU. ahora ve a los cárteles no solo como grupos delictivos, sino como amenazas a su seguridad nacional.
Y si de seguridad nacional se trata, la presidenta de México advirtió que no tolerará una «invasión» a la soberanía nacional por parte de EE. UU. En su conferencia matutina del 19 de febrero dijo que no debe constituir una oportunidad «para invadir nuestra soberanía». Advirtió que cumplirá la promesa de ampliar la demanda de México contra los fabricantes de armas de EE. UU. Respecto a la reforma constitucional sobre la soberanía nacional señaló que tiene como objetivo impedir la intervención en investigación o persecución de criminales por parte de actores extranjeros sin autorización de las autoridades mexicanas.
Estados Unidos dio un paso que redefine su relación con México y América Latina en materia de seguridad al designar a ocho grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
La presidenta de México plantea reforma constitucional sobre la soberanía nacional para impedir la intervención en investigación o persecución de criminales por parte de actores extranjeros sin autorización de las autoridades mexicanas.
MIENTRAS TANTO…
La decisión de Trump tiene implicaciones en la vida cotidiana y alcances financieros, así como migratorios: sanciones, congelamiento de activos, deportaciones y negación de divisas, entre otras afectaciones.
En diversos momentos los bancos habían expresado su preocupación por los riesgos de financiar inadvertidamente actividades ilícitas y las fuertes sanciones a las que podrían enfrentarse por servir o pagar a delincuentes de forma involuntaria, no obstante las medidas legislativas e institucionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Cabe mencionar que en 2012 se publicó en México la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –actualizada el 9 de marzo de 2018 y el 20 de mayo de 2021– que tiene como objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Además, desde el año 2000 México es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En 2023, debido a distintas disposiciones publicadas en los últimos años, GAFI elevó el cumplimiento de México en materia de prevención de blanqueo de capitales.
El IMEF expresó en su conferencia de prensa del 18 de febrero que la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras tendrá muy probables impactos en la operación del sector financiero y de las empresas, pues con esa designación la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puede bloquear propiedades y activos de individuos, empresas y entidades financieras, e inclusive prohibir transacciones de todo un país o región geográfica.
En esta coyuntura que se acaba de abrir, las empresas deben realizar acciones para disminuir los riesgos de sus relaciones comerciales y flujos financieros, por lo que se requiere apoyo coordinado con especialistas, tanto jurídicos como financieros, mexicanos y estadounidenses, independientemente de las medidas que se tomen la interior del sistema financiero mexicano.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.
